Ante las constantes amenazas que reciben de parte de mafias, ocho líderes indígenas de Ucayali y Huánuco llegaron a Lima para exponer sobre su dura lucha contra el narcotráfico, invasores y taladores ilegales en estas zonas alejadas del país.
Entre los casos de amenazas y muertes señalaron que, el 2 de octubre de este año, el apu Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) y su asesor Jamer López, recibieron un mensaje amenazador en la puerta del local de la institución que representan. Esa misma fecha, otro trabajador de la organización en mención fue baleado en un supuesto asalto.
Orau representa a 300 comunidades de 15 pueblos amazónicos de Ucayali y en reiteradas ocasiones ha denunciado recibir amenazas de mafias que operan en la selva y cuentan que la ayuda recibida por el Ministerio de Justicia duró un día.
Diques fue uno de los líderes que llegó a Lima junto a otros representantes de comunidades de Ucayali, Huánuco y Pasco que viven con el temor de ser asesinados por el crimen organizado de sus respectivas regiones.
Otro caso es el de Zulema Guevera, quien busca justicia para su esposo, Arbildo Meléndez Grandez (34), líder cacataibo de la comunidad Unipacuyaku, quien fue asesinado de un balazo el 12 de abril de 2020, tras recibir diversas amenazas por enfrentarse a invasores vinculados al tráfico de tierras. Dichas amenazas eran conocidas por las autoridades. “Desde que murió mi esposo, yo me encuentro en estado de abandono por parte del Estado”, dijo Zulema, quien ha tenido que alejarse de su comunidad junto a sus hijos, pues las amenazas persisten y su lucha por encontrar justicia se mantiene. Hasta la fecha, el asesino confeso no ha sido detenido.
Miguel Gimaraes Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), también ha recibido amenazas desde 2018. La última fue un mensaje telefónico en octubre de este año. “Estamos aquí tratando de conversar con las autoridades porque no queremos ser la próxima víctima”, indicó Gimaraes, quien relata que muchas mafias tumban bosques cercanos a su comunidad Flor de Ucayali, para sembrar hoja de coca e instalarse, deforestando cientos de hectáreas, por lo que es necesaria la presencia del Estado.
También llegó a la capital Diana Ríos, hija de Jorge Ríos, quien fue asesinado junto a otros líderes ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez en septiembre de 2014. Los cuatro habían denunciado a las mafias de tala ilegal. “Las personas sindicadas ya están identificadas. Tenemos fotos, evidencias, todo. No es justo que se quiera archivar el caso. Fueron cuatro líderes asesinados por defender sus bosques, su territorio. El Estado ha sido el causante de esto por no escuchar nuestras demandas”, precisó Ríos.
Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca) y Marcelo Odicio Angulo, líder de la comunidad nativa Yamino (provincia Padre Abad (Ucayali), también llegaron a Lima con la esperanza de encontrar protección ante las amenazas del crimen organizado.
Cabe mencionar que a través del Decreto Supremo N° 188-2020-PCM del 06 de diciembre, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días a cinco distritos de Huánuco (Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo y Honoria) y tres distritos de Pasco (Constitución, Palcazú y Puerto Bermúdez) a fin de fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, tala ilegal de manera y otros casos de crimen organizado. Señalándose que, durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito por el territorio nacional, comprendidos en el artículo 2° de la Constitución. Para tal efecto, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esta es una demostración de que, el Estado tiene abandonado a las poblaciones indígenas, porque sus funcionarios son los llamados a estar visitando constantemente las diversas poblaciones al interior del país, para resolver sus problemas y no que los pobladores vengan a Lima, a las oficinas de los burócratas con sus propios recursos para pedir justicia.
Se espera que los líderes se reúnan con los diversos responsables de los ministerios en Lima, con la finalidad de que resuelvan a la brevedad in situ, los problemas de inseguridad que las diversas poblaciones indígenas del país vienen sufriendo hace muchos años, ante el avance de mafias del narcotráfico, invasores de terrenos, minería y tala ilegal de madera.
