Cada año, las negociaciones colectivas y laudos arbitrales demandan S/ 2,000 millones del presupuesto público, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un reportaje de ‘Cuarto Poder’. No obstante, muchos de estos acuerdos obedecen a motivos poco ortodoxos.
Los empleados públicos no pueden negociar aumentos de sueldo directamente, pero, algunos de ellos acuden a sindicatos, que sí pueden negociar colectivamente con el Estado para buscar diversos incrementos a la remuneración, bonos o beneficios.
Estas solicitudes, que van desde el bono por el “Día de la Escobita” hasta “gratificación vacacional”, si no son aceptadas por la entidad, terminan en un arbitraje, que suele fallar a favor de los trabajadores, sin tomar en cuenta el presupuesto de la institución.
Según el informe periodístico, solo el Reniec gasta un tercio de su presupuesto en sueldos y bonificaciones. Esta partida suma S/ 19 millones anuales, destinados a pagar un “bono por aniversario”, “cierre de pliego” o “apoyo educativo”.
La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) no se queda atrás. Los laudos arbitrales a favor de los sindicatos la obligan a pagar un bono de S/ 1,075 por movilidad, S/ 1,540 por alimentos, S/ 3,500 por “salir de vacaciones”, S/ 4,800 por escolaridad, S/ 28,500 por “cierre de pliego” y unos S/ 52,000 adicionales como bonificación al sindicato.
“Muchos arbitrajes solo se centraron en el derecho de los trabajadores, no han medido consecuencias presupuestarias. Podía estar la entidad con déficit ese año y le daban un bono por cierre de pliego por una cantidad, como pasaba en Petroperú”, indicó Víctor Hugo Montoya, director general de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el MEF.
Según este funcionario, se ha identificado más de 900 conceptos creados a partir de estas negociaciones.
Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se ha negociado un bono de S/ 9,000 por el Día de San Valentín, otro igual por el Día del Trabajo, y uno de S/ 10,000 por el “Día de la Escobita”, así como una compensación por lactancia a sus trabajadoras hasta que el niño cumple 7 años.
La solución que planteó el Ejecutivo, apuntó el reportaje, es el Decreto de Urgencia 014, que regula las negociaciones colectivas. Como es de esperar, esta medida no ha caído bien entre algunas agrupaciones.
El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales (CTE), Domingo Cabrera, argumenta que “no se puede revisar, la norma no es retroactiva”. Es decir, los acuerdos tomados no pueden anularse.
Según el informe periodístico, la CTE está de acuerdo con la norma, pero exige algunas modificaciones. No obstante, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha convocado un paro nacional para el 19 de marzo. Uno de los motivos es la derogación de este decreto.
Fuente: El Comercio
